Mg. PMP Raúl E. Catalán Castro.
Gerente.
CYTIES Investigación & Desarrollo.
Durante demasiado tiempo, una parte sustantiva del debate público chileno ha quedado atrapada en una disyuntiva que hoy resulta cada vez más insuficiente: confiar en que el mercado puede proveer, mediante incentivos y transacciones, las respuestas que la sociedad requiere, o esperar que el Estado, por sí solo, sea capaz de corregir, compensar o sustituir aquello que la lógica mercantil no resuelve. Sin embargo, la experiencia acumulada por Chile en las últimas décadas muestra con creciente claridad que ambos enfoques, cuando actúan de manera excluyente, revelan límites estructurales frente a la complejidad de los desafíos contemporáneos.
El mercado, por definición, opera a través de relaciones de intercambio mediadas por precios, incentivos y capacidad de pago. Esa lógica puede ser eficiente para asignar determinados bienes y coordinar ciertas decisiones descentralizadas, pero resulta insuficiente cuando lo que está en juego son condiciones esenciales para una vida digna y para la reproducción justa de la sociedad. En ámbitos como la salud, la educación, la vivienda, los cuidados, la seguridad o incluso el acceso a oportunidades de desarrollo, la solución de mercado aparece inevitablemente filtrada por el poder adquisitivo. En otras palabras, la posibilidad de acceder a la respuesta depende, en gran medida, de la posibilidad de comprarla. Y allí donde el acceso a bienes fundamentales queda subordinado a esa mediación, la desigualdad deja de ser solo una diferencia de ingresos y pasa a convertirse en una diferencia de destino.
Pero tampoco el Estado, tal como ha operado entre nosotros, ha logrado responder de manera suficiente a las exigencias de una sociedad crecientemente compleja, diversa e interdependiente. No solo por razones de capacidad, eficiencia o modernización institucional, sino también porque sus respuestas suelen oscilar entre dos lógicas igualmente limitadas. Por una parte, la concepción subsidiaria tiende a restringir su papel a la corrección marginal de fallas, dejando intacta la primacía estructural del mercado. Por otra, la respuesta asistencialista, aunque más sensible a la vulnerabilidad social, muchas veces se limita a administrar carencias, distribuir compensaciones o contener daños sin transformar las condiciones que los producen. A ello se suma una creciente ideologización del debate estatal, que con frecuencia reduce la discusión sobre lo público a trincheras doctrinarias antes que a una reflexión seria sobre capacidades institucionales, efectividad y bien común.
El resultado de esta doble insuficiencia es particularmente delicado. Cuando el mercado no puede responder sino a través del precio y el Estado no logra hacerlo sino desde la regulación parcial, la asistencia fragmentaria o la sobrecarga ideológica, el ciudadano queda expuesto a un grado persistente de indefensión. No se trata solo de carencias materiales, sino también de una experiencia de vulnerabilidad más profunda: la sensación de que las grandes estructuras de coordinación social no alcanzan a dar cuenta de la complejidad real de la vida, de los territorios, de las trayectorias familiares ni de las necesidades concretas de las comunidades.
Es precisamente en este punto donde la sociedad organizada y las organizaciones intermedias adquieren una relevancia decisiva. Durante demasiado tiempo, una parte del discurso público las trató como actores secundarios, meramente complementarios o residuales, situados en un espacio ambiguo entre el Estado y el mercado. Sin embargo, en sociedades complejas, los cuerpos intermedios cumplen una función mucho más profunda: producen vínculos, articulan cooperación, generan confianza, interpretan necesidades situadas, movilizan capacidades colectivas y construyen respuestas más próximas, más flexibles y, muchas veces, más pertinentes que las que pueden ofrecer estructuras centralizadas o puramente transaccionales.
Hablar de organizaciones intermedias no significa aludir únicamente a fundaciones o asociaciones civiles en un sentido restringido. Significa reconocer el papel de cooperativas, gremios, juntas de vecinos, comunidades territoriales, asociaciones funcionales, organizaciones culturales, redes de apoyo, instituciones educativas, organizaciones comunitarias y múltiples formas de agregación social que median entre el individuo aislado y las grandes estructuras impersonales del mercado y del aparato estatal. Lo que estas instancias hacen no es menor: objetivan un bien común concreto, territorial o sectorialmente diferenciado, y traducen necesidades abstractas en soluciones institucionalmente encarnadas.
En este sentido, más sociedad no equivale a menos Estado, del mismo modo que fortalecer cuerpos intermedios no significa abandonar la responsabilidad pública ni romantizar espontáneamente toda forma de organización social. Lo que está en juego es algo más exigente: reconstruir una arquitectura de gobernanza en la que Estado, mercado y sociedad cumplan funciones distintas, complementarias y recíprocamente limitadas. El mercado puede aportar dinamismo, innovación y asignación; el Estado puede garantizar derechos, orientar estratégicamente, redistribuir y coordinar; pero solo una sociedad densa en mediaciones, asociaciones y capacidades colectivas puede producir el tipo de cohesión, proximidad y legitimidad que requiere una democracia contemporánea.
La experiencia comparada ofrece lecciones importantes en esta dirección. Los países que han logrado articular trayectorias de desarrollo más equilibradas no lo han hecho únicamente mediante mercados eficientes o aparatos estatales robustos, sino también a través de tejidos sociales densos, institucionalidades cooperativas y organizaciones intermedias con capacidad efectiva de incidir en la producción de bienestar. Allí donde existe una sociedad civil vigorosa, capaz de colaborar, coproducir y también exigir, la gobernanza deja de ser una imposición vertical o una mera sumatoria de transacciones, y se transforma en una construcción compartida de orden, sentido y futuro.
En Chile, esta discusión resulta especialmente urgente. La persistencia de desigualdades estructurales, la fragmentación territorial, la crisis de confianza institucional, la precarización de múltiples trayectorias vitales y la dificultad para construir horizontes colectivos de largo plazo muestran que ni la pura lógica de mercado ni la respuesta estatal clásica bastan para sostener un proyecto de desarrollo a la altura de los desafíos del presente. La cuestión ya no es solo cómo crecer, ni siquiera solo cómo redistribuir, sino cómo fortalecer las capacidades colectivas que hacen posible una sociedad más integrada, más autónoma, más cooperativa y menos vulnerable.
Gobernar el futuro, por tanto, exige abandonar simplificaciones. No se trata de elegir entre mercado o Estado como si allí se agotara la vida social. Se trata de reconocer que una sociedad compleja no puede ser adecuadamente gobernada solo desde arriba ni únicamente mediante intercambios. Requiere mediaciones, instituciones intermedias, articulación territorial, cooperación social y una comprensión más rica del bien común. En otras palabras, requiere más sociedad.
Tal vez uno de los errores más persistentes del debate chileno ha sido suponer que los problemas del desarrollo se resolverán únicamente con mejores regulaciones, más gasto público o mayores niveles de inversión privada. Todo eso importa, sin duda. Pero hay una dimensión menos visible y, al mismo tiempo, más decisiva: la calidad del tejido social que conecta, interpreta, media, organiza y produce respuestas entre las personas y las grandes estructuras. Sin esa trama intermedia, el mercado excluye y el Estado se distancia. Con ella, en cambio, se amplían las posibilidades de una gobernanza más inteligente, más legítima y más humana.
Por eso, si Chile quiere gobernar su futuro con mayor densidad democrática, eficacia institucional y cohesión social, deberá atreverse a discutir no solo cuánto Estado o cuánto mercado necesita, sino también cuánta sociedad está dispuesto a fortalecer. Porque, al final del día, el desarrollo no depende únicamente de reglas, recursos o transferencias, sino también de la existencia de comunidades capaces de organizarse, cooperar y producir, desde su propia vitalidad, respuestas más complejas y más justas para una sociedad que ya no puede seguir siendo gobernada desde categorías del pasado.
Tal como lo enunció el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en su informe del año 2000, Chile requiere más sociedad para gobernar su futuro.