Mg. PMP Raúl E. Catalán Castro.
Gerente.
CYTIES Investigación & Desarrollo.
En Chile, hablar de impuestos suele provocar molestia, desconfianza o rechazo inmediato. Para muchos, son simplemente descuentos obligatorios, cobros incómodos o una señal más del peso que el Estado impone sobre personas y empresas. Sin embargo, esa mirada, aunque comprensible, es insuficiente. Los impuestos son mucho más que una obligación legal: constituyen la base financiera del Estado y uno de los instrumentos centrales mediante los cuales una sociedad se organiza para sostener su vida en común: sin impuestos no hay Estado funcional.
Dicho de manera simple, los impuestos son pagos obligatorios que realizan personas y empresas para financiar bienes y servicios que benefician al conjunto de la población. Gracias a ellos se financian hospitales, escuelas, universidades, caminos, seguridad pública, municipalidades, programas sociales, subsidios e infraestructura. No se pagan para obtener una contraprestación individual directa, sino para sostener un sistema que permita a un país funcionar. En esa perspectiva, los impuestos no son únicamente una carga: son también una expresión concreta de solidaridad institucional y de responsabilidad colectiva.
En Chile existen diversos tributos que gravan hechos económicos distintos. El más conocido es el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A. o IVA), que recae sobre el consumo de bienes y servicios. Cada vez que una persona compra un electrodoméstico, contrata una prestación o paga en el comercio formal, una parte del precio corresponde a este impuesto. A ello se suman los impuestos a la renta, que afectan los ingresos y utilidades; los impuestos específicos, aplicados a los combustibles, tabaco, alcohol y ciertas bebidas; el impuesto de timbres y estampillas, vinculado a determinadas operaciones de crédito; las contribuciones de bienes raíces; el impuesto a las herencias y donaciones; y los gravámenes vinculados al comercio exterior. En los hechos, el sistema tributario toca buena parte de la vida económica cotidiana.
Pero el debate de fondo no se agota en qué impuestos existen o cuánto gravan. La pregunta verdaderamente importante es otra: ¿se pagan realmente como corresponde? Allí emerge uno de los nudos más delicados del sistema tributario chileno: la brecha entre lo que el Estado debiera recaudar según la ley y lo que efectivamente recauda. Esa diferencia tiene dos grandes responsables: la evasión y la elusión.
La evasión tributaria consiste en el incumplimiento ilegal y directo de la obligación de pagar impuestos. Ocurre cuando se ocultan ingresos, no se emiten boletas o facturas, se subdeclaran ventas, se inventan gastos falsos o se opera parcial o totalmente en la informalidad. Es, en esencia, una sustracción ilícita de recursos que debieran ingresar al Estado. La elusión, en cambio, se mueve en una zona más sofisticada y muchas veces más difícil de perseguir. No siempre implica mentir abiertamente, sino estructurar operaciones, sociedades o mecanismos jurídicos para reducir artificialmente la carga tributaria, aprovechando vacíos, resquicios o interpretaciones forzadas de la normativa. En un caso se infringe la ley de frente; en el otro, se la rodea hasta vaciarla de contenido.
El problema es que ambas prácticas erosionan el corazón mismo del sistema tributario. No solo disminuyen la recaudación. También deterioran la equidad, distorsionan la competencia y debilitan la legitimidad del pacto fiscal. Cuando una empresa evade IVA o una estructura elusiva permite rebajar artificialmente la carga de grandes contribuyentes, el resultado práctico es el mismo: el peso del financiamiento público recae con mayor fuerza sobre quienes sí cumplen, especialmente trabajadores dependientes, consumidores y empresas formales que tienen menos margen para escapar del sistema, generalmente MIPYMES.
Las cifras disponibles en el debate reciente muestran la magnitud del problema. En Chile, distintos análisis oficiales han estimado que la evasión del IVA se ha ubicado en torno al 18% del potencial recaudatorio, mientras que la brecha asociada al Impuesto de Primera Categoría ha superado el 50% en ciertas mediciones de referencia. A nivel agregado, la combinación de evasión y elusión tributaria ha sido estimada en montos equivalentes a varios puntos del PIB, en torno a 6% o más del producto en algunas evaluaciones utilizadas en la discusión pública. Traducido al lenguaje ciudadano, ello supone miles de millones de dólares que el Estado deja de percibir cada año y que podrían destinarse a salud, educación, seguridad, inversión regional, vivienda o apoyo productivo .
Estas cifras no son un dato secundario ni una discusión reservada a especialistas. Son una señal directa de la fragilidad institucional. Porque cuando la evasión y la elusión alcanzan esta magnitud, el problema tributario deja de ser únicamente técnico y se transforma en un problema político, económico y moral. Político, porque debilita la capacidad del Estado para responder a demandas sociales; Económico, porque introduce competencia desleal y premia al incumplidor frente al contribuyente formal; y, Moral, porque instala la percepción de que el sistema no trata a todos con la misma exigencia (Teorema de Thomas).
El daño es aún mayor en una sociedad como la chilena, marcada por fuertes brechas de ingreso, territoriales y de acceso a oportunidades. En ese contexto, cada peso que no entra por evasión o elusión no solo afecta la caja fiscal: reduce la capacidad redistributiva del Estado y profundiza la sensación de injusticia. Se genera entonces una paradoja corrosiva: mientras una mayoría paga IVA al consumir, descuentos por planilla al recibir remuneraciones y múltiples cargas visibles en su economía cotidiana, existen espacios donde parte de la obligación tributaria logra diluirse, esconderse o reconfigurarse. De este modo, la ciudadanía no solo percibe que paga sin excepción, sino también que otros consiguen sustraerse de esa misma obligación a través de malas prácticas e incluso de conductas delictivas.
Por eso, una discusión seria sobre impuestos en Chile no puede centrarse exclusivamente en subir o bajar tales o cuales tasas impositivas. Junto con eso, el país debe enfrentar con decisión la evasión y la elusión. Ello exige fortalecer la fiscalización, mejorar la trazabilidad de las operaciones, reducir la informalidad, cerrar resquicios normativos abusivos, robustecer las herramientas anti-elusión y modernizar la administración tributaria. Pero exige también algo más profundo: reconstruir una ética pública de cumplimiento, en la que pagar impuestos no sea visto como ingenuidad, sino como una obligación inseparable de la pertenencia a una comunidad política.
Los impuestos, en definitiva, son una herramienta para transformar parte de la riqueza privada en bienestar colectivo. Pero ese principio solo puede sostenerse si existe confianza en que la carga se distribuye con cierta justicia y en que el sistema no está lleno de grietas por donde algunos se escapan. En Chile, una parte sustantiva del problema tributario no está únicamente en el diseño de los tributos, sino en la magnitud de lo que se evade y se elude. Así mientras esa brecha persista, cualquier debate sobre justicia fiscal seguirá incompleto.
Porque, al final del día, el verdadero dilema no consiste únicamente en cuánto cobra el Estado, sino en cuánto deja de recaudar por incumplimiento, cuánta desigualdad tolera el sistema tributario chileno y hasta cuándo podrá sostenerse un pacto tributario si una parte de la sociedad percibe que siempre pagan los mismos, mientras quienes cuentan con mayores recursos encuentran mecanismos para evadir o eludir su aporte al desarrollo colectivo, e incluso influyen políticamente en las esferas de poder para beneficiarse de reducciones en impuestos personales, corporativos o de tratamientos favorables para capitales nacionales que salieron del país sin tributar y luego retornan en condiciones igualmente ventajosas.
Por consiguiente, Chile demanda con urgencia una discusión abierta, transparente y visionaria en torno al pacto fiscal que da sentido a la tributación y, con ello, al horizonte de desarrollo, equidad y bienestar que aspiramos a construir como sociedad hacia el año 2050.